Por Silvana Melo
   (APe).- Andan, hacen discursos y sonríen los exterminadores de escuelas rurales en Entre Ríos. Gobiernan, lideran pooles de siembra, usan billeteras de la Sociedad Rural, son ministros de Educación. Piden pruebas de que las fumigaciones sobre las escuelas enferman. Gravemente. Entonces llega Estela Lemes. Se les para delante y les dice: “aquí está la prueba, mide 1,70”. La prueba del clorpirifós en su sangre, desde las fumigaciones de 2010 a 2014 sobre la escuelita 66 Bartolito Mitre de Costa Uruguay Sur, es su polineuropatía. Por eso el poder ruralista se para en el fondo de cualquier salón cuando ella va a dar una charla. Cuando los ingenieros agrónomos actúan como efectores de la salud. Y los niños sobran en esta parte del mundo.

Estela es más que la directora de la 66. “No es del estado, es mía”, dice y sonríe. Porque vivió en la escuela hasta 2014, porque cuando llegó no había piso ni luz ni cielo raso ni comedor ni ventanas nuevas ni internet. Y a los tres años sí había. Ella transformó el mundo desde su pedacito de cielo, en una parcela solitaria, rodeada de soja y maíz. Hasta el ataque feroz de 2012, cuando el avión no dejó de llover hasta que se vació. A pesar de los llamados, de las denuncias, de los guardapolvos flameando hacia arriba pidiendo basta.

Estela Lemes nació en Ceibas, departamento de Ibicuy. Su mamá era la cocinera de la escuela. Su papá, el policía del pueblo. A los 11 terminó séptimo y fue maestra suplente de un curso de pibes de seis. Un inspector llegó un día con una beca del Rotary “para que me fuera a estudiar el secundario nacional que terminaba con el título docente. Pero mi mamá no me dejó ir”. Volvió la maestra y Estela fue otra vez la chiquita de 11. Su madre dejó la escuela para ser cocinera en una estancia. Y ella se casó a los 14, con su periplo de premuras encendido. “A los 15 fui mamá y después tuve 6 más”, dice todavía con el guardapolvos puesto, en la sede de AGMER Gualeguaychú.

“En 2012 fue la fumigación muy grande pero ya veníamos padeciendo desde 2008 y 2009. En 2009 me fumigaron el asado que estábamos comiendo en el día de la madre. La casa está en el patio, detrás de la escuela. No se pudo comer la carne. Eso fue con un mosquito. La primera denuncia la hice en 2010. Pero me la tomaron como una exposición porque no era en horario de clases. Pero yo vivía ahí. Y mis alumnos también. Fue con una avioneta que fumigaba el campo de enfrente, pero daba la vuelta por arriba de la escuea y el chorro caía. Dicen que cierran la llave pero sabemos que no es así. Hay un video que filmé con un teléfono y lo mandé a la secretaría de Producción de la provincia pero nunca supe qué pasó con ese video. En el 2011 fumigaron de nuevo. Y ya en el 2012, fue la grande. Hice la denuncia porque estaban los niños en la escuela”.

Esa tarde de setiembre de 2012 era la hora del recreo. Estela vio el mosquito que giraba por el campo y sintió venir la deriva húmeda del veneno. Llevó a los chicos adentro y empezó a llamar a las madres. “Eran diez de los trece alumnos que tenía en ese turno. Les pedí que se los llevaran y llamé a una radio para relatar lo que estaba pasando”. Estela llamó a la policía: estaban todos en el alambrado, pidiéndoles que pararan, alzando los guardapolvos, haciendo señas desesperadas. Pero “hasta que no terminó de lanzar la última gota, no paró”.

Sin embargo para los chicos esa lluvia rara y ese avión lanzando una nube “era natural porque viven en el campo, sus papás trabajaban en la estancia donde se fumigaba”. Pero si es el remedio de las plantas, seño, le decían. “A la noche una de las mamás me llamó porque el nene había tenido vómitos, le picaban los ojos y la nariz y le dije que lo llevara al médico”. Vivían a 20 km de la escuela. Era imposible llegar a un médico o a un centro de salud. Y tenían miedo de quedarse sin trabajo. “Porque el papá era aplicador de una estancia grande, de miles de hectáreas” y “yo no puedo juzgarlos porque es el trabajo que les da de comer a los chicos”.

El aplicador, el eslabón más débil de un sistema insaciable, dijo que no sabía que había una escuela –aunque haya un cartel, aunque la escuela sea la referencia de todos los caminos-, ni tenía la máquina ni la conciencia en condiciones. Entonces ahí fue Estela Lemes, a fiscalía, con la denuncia. Esperó a la policía federal de Delitos Ambientales, que llegaron, hablaron, dijeron que habían hecho análisis –ella no los vio nunca- y que todo había dado negativo. El juez cerró la causa por falta de pruebas. Y aquí no ha pasado nada. Salvo el glifosato y el clorpirifós que atravesaron a la directora de la 66. El último todavía en su sangre, autor indiscutido de una polineuropatía degenerativa que le modificó la vida para mal.

“En febrero del año siguiente volvieron. Y otra vez hice la denuncia. Nadie le dio importancia. Hay un puesto policial en mi zona. Si ven pasar un mosquito, no les cuesta nada pararlo, preguntarle adónde va, controlar… Entonces se puede saber si va a afectar a un poblado… no hablemos sólo de las escuelas. Los gurises viven en el campo. La gente de los alrededores llegó a decir que para qué denunciábamos, que para qué había una escuela en el medio del campo. Pero a ellos no les importa porque sus hijos estudian en la ciudad, se van a Buenos Aires”.

Ella no se fue nunca, como piden que se vaya el maestrerío, la gurisada, las casitas escuela que asoman entre los sembrados, ese brote de futuro que resiste como la maleza. O la bieneza, cuando se para frente a los tanques sistémicos. Ella y la 66 se quedaron y esa lucha pudo que en los campos linderos ya no se siembre. “Ahora se dedican a la ganadería. Ya no vemos mosquitos alrededor. ¿Pero y todo lo demás?”.

En 2014 supo de su enfermedad. “Empecé con algunos dolores musculares. Pensé estoy pre menopáusica. No le di importancia. Cuando me ofrecen hacerme el análisis, me di cuenta de que no iba a ser fácil. Empecé a deambular y el único que me firmó que lo mío era por los agroquímicos fue el doctor Sanfilippo, que está haciendo una investigación en una clínica en Gualeguay.”

Ahora está claro por qué se enfermaban los niños de la vecindad de la escuela. Una de sus alumnas tuvo “un principio de cáncer”. Otro de los chicos “tiene el brazo más cortito y el papá era aplicador”; para ellos “nació así”. Ha visto “abortos espontáneos, niños con malformaciones que no nacían” y ella seguía luchando sin muchas más herramientas que la palabra y su cuerpo como testimonio. Cuando la Sociedad Rural hace de público hostil en sus charlas sabe que ése es el camino. “Yo me siento muy chica para ser peligrosa para las grandes corporaciones”, se ríe. Pero el costo y la complejidad de su tratamiento la obligó a “un juicio laboral con la ART para que cubra los gastos porque el tratamiento es caro. Por eso no lo hago tanto. Debería hacerlo cuatro veces al año y lo hago dos”. Se trata de una rehabilitación intensiva en Mar Del Plata. “Me fui en enero y ahora en las vacaciones de invierno”. La última vez que se fue en tiempos de clase volvieron a fumigar la escuela. Y no se perdonó no haber estado allí.

Tiene 118 alumnos en su escuelita rural. Eran 13 cuando llegó hace 18 años. “En ese momento dije que los gurises míos tienen que tener las mismas posibilidades que un gurí de la ciudad. Faltan muchas cosas todavía. Yo no me puedo jubilar”.

Los niños fumigados son el daño colateral de un modelo que necesita los venenos para producir alimentos. Pata privilegiada de un sistema que enciende a la rentabilidad como faro. Pero no sólo respiran veneno: hoy el hambre golpea en medio del trigo que alguna vez será pan. “Lo vivimos a diario porque nuestros gurises desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Los lunes comen tres veces. Y nosotros tratamos de que los viernes coman más. Porque sabemos que el sábado y el domingo no hay”.

Estela Lemes, atravesada por el mismo veneno que sus niños, se levanta todos los días dispuesta a cambiarlo todo. Con sus niños, con sus dolores y dispuesta a enfrentar las asperezas de la construcción de los sueños. Lo hace desde su pedacito de cielo. Firme. Y dispuesta a escriturar la esperanza.

Edición: 3890

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