(APe).- El agua es considerada por las Naciones Unidas como un derecho humano. Sin embargo, el Código Civil argentino de 2015 quitó a último momento el artículo que lo consagraba. En esta tierra, arrasada por brutales políticas neoliberales, el agua se ha vuelto un bien suntuario. El Estado la tercerizó, la concesionó, la privatizó. Y dejó hacer cuando las empresas la comenzaron a vender como a una mercadería de privilegio. Las organizaciones populares como Pelota de Trapo sufren hoy el ajuste monstruoso sobre un servicio básico para la vida: desde el año pasado comenzaron a llegar facturas de AySa de más de 20 mil pesos. Absolutamente impagables para una obra que ha dedicado los últimos 40 años a transformar la vida de la infancia. Y, como si se tratara de una empresa, la concesionaria fue acumulando facturas, intereses y costas de sus abogados que Pelota de Trapo debe pagar.

Casa de los Niños de Avellaneda fue el primer programa de la organización, nacida a fines de los 70 para dar respuesta a aquellos niños y niñas cuyos padres iban quedando en el camino, al compás del cierre de sus fuentes de trabajo.

Desde los 80 hasta hoy Casa de los Niños no ha dejado de atender cientos de chicas y chicos de lunes a viernes, de 8 a 18, de 1 a 14 años. En ese espacio son felices. Tienen garantizado el desayuno, el almuerzo y la merienda. Los atienden los médicos y el odontólogo. Se ponen lindos para ir al jardín o a la escuela, aprenden otros saberes con los educadores, juegan, son abrazados y reciben el alimento imprescindible para la vida: la ternura que les permita torcer un rumbo que el sistema les tiene fatalmente asignado.

Uno de los objetivos de Casa de los Niños es que los chicos y las chicas puedan recibir el baño necesario en una ducha con agua caliente. Tantas veces en sus casas eso no es posible porque no cuentan con agua potable. Es el único baño calentito al que puede acceder la mayoría de los casi 200 que cotidianamente pasan por Casa de los Niños.

Sin embargo AySA aplicó su propia tarifa durante los últimos meses de 2018 y envió facturas impagables de más de $ 20.000. Después de varias reuniones con funcionarios de la empresa llegaron menores montos. Pero esas facturas devengadas son implacablemente sostenidas, con intereses acumulados y entregadas a estudios jurídicos que acechan como lobos hambrientos para sacar su propia tajada.
Hoy la deuda es de $ 143.327 y el saldo total supera los 155.000 pesos. El magro subsidio que recibe Casa de los Niños por parte del Estado para atender a 190 chicos y chicas es de $ 315.630: cada niño tiene una beca de $ 1.670 mensuales con los que la organización debe garantizar la comida, la educación y su salud.

El Censo 2010 determinó que sobre un total de 12.277.937 hogares, unos 10.208.884 tenían acceso a servicios de agua potable (el 83%). Uno de los territorios por debajo de la media nacional es la provincia de Buenos Aires con un 75%. Por lo tanto, el 25% de los hogares no tienen acceso al agua pura y sana. Gran parte de la niñez que transita Pelota de Trapo día tras día está atravesada por esa carencia. Las aguas de las canillas de Pelota no se derraman en dispendios, sino que bañan a los niños y les permiten beber agua de la mejor calidad posible en el sur del conurbano, a diez cuadras del Riachuelo. Agua que no los enferme, que no los pueble de bacterias, que no les provoque diarreas, que no haga peligrar sus vidas.

Nuestra organización nació en la resistencia a las políticas neoliberales que antes se sirvieron de las dictaduras sangrientas y luego usaron como herramientas a las democracias esclavas de las deudas con la usura internacional. Los sueños de vida digna languidecían hasta que desde los barrios las organizaciones populares fueron abriendo puertas para aquellas familias que quedaban a la intemperie.

Desde la dictadura hasta los años 90 el Estado remató a precio vil el patrimonio más estratégico del país; las empresas que proveían y garantizaban los servicios públicos fueron entregadas a manos privadas. Ese proceso brutal modificó la vida de generaciones. Las organizaciones populares debieron admitir que llegaron para quedarse y ésa fue otra presión: había que sostenerse en el tiempo.

Entre los cambios más violentos fue definitorio que, a partir de la década del 90, los servicios públicos que eran absolutamente gratuitos para las entidades de bien público, pasaron a ser pagos y rigurosamente cobrados. No sólo se desconoció la tarea de cada organización sino que se las colocó en la categoría de grandes clientes o comercial. Se las trató como a una empresa.

Después de años de sufrir el maltrato permanente del Estado y de las normas que fueron regulando la actividad, las organizaciones -que eran peligrosas para el Estado y había que controlarlas- comenzaron a reunirse y a discutir cada situación. En este contexto, presentaron varios proyectos de ley, entre ellos el cambio de régimen tarifario que reconociera su naturaleza y pudieran tener, al menos, una tarifa razonable.

Sin saber aún lo que se venía, en diciembre de 2015 se sancionó la Ley 27218 de Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público. Estos cuatro años se reclamó su implementación, apenas llevada adelante, con enormes dificultades por la falta de voluntad política y la resistencia de las empresas por lucrar sin ningún tipo de restricción. En ese contexto, AySA ha sido implacable.

El programa Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio de la ONU y la Organización Mundial de la Salud determinan que se necesitan entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para satisfacer las necesidades humanas más básicas.
Nuestras niñas y niños juegan y se nutren del agua dulce que, en nuestra organización, está al alcance de sus vidas. En donde buscamos, día tras día, romper con la lógica más perversa del sistema que priva a las personas de los bienes esenciales para vivir.

Edición: 3897

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