Crueldad sistémica

Por Claudia Rafael 

(APe).- “La justicia es sólo justicia con el pobre”. Morocho, muy joven, de palabras esquivas y callosas apareció en el video como “el testigo F”. El pibe, que fue enumerando uno tras otro hasta contabilizar 19 penales en dos años y medio de traslado en traslado, resultó clave en la investigación que hoy permite a Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, decir que a su hermano lo masacraron en un destacamento policial de Lomas del Mirador.

Un mes y medio en cada cárcel. Fina punición del sistema para golpear donde más duele a quien se atrevió a describir lo que vio, a contar lo que oyó. Y decirle en la cara a la fiscal que el pibe Arruga fue torturado hasta su último estertor.

El apunta con su dedo acusador y repite: sólo con el pobre. Los márgenes contienen una intelectualidad nacida del dolor y lejana a kilómetros de distancia de los libros y las teorías. Como Amparo Manes, que se ahorcó a los 26, en noviembre de 2010, en una cárcel y alguna vez dijo que “la justicia es para los ricos, nosotros somos la basura de la sociedad”.

El informe anual 2011 del Comité contra la Tortura, que se presentó el martes en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, desgrana historias como ésas. Dolores viejos y otros reiterados hasta hartazgos tan hondos que repiten miles de historias de golpizas, de gatillos de celeridades múltiples, de torturas ahogantes, de muertes tempranas de pibes de paso fugaz por esta tierra incendiada e incendiadora.

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Son 26.971 los detenidos en 55 cárceles y 2.433 en más de 300 comisarías. Son 2.417 más que en diciembre de 2007, cuando Daniel Scioli juraba su mandato como gobernador. Entre 2008 y 2010 –concluyó el informe “El sistema de la crueldad VI” del Comité- aumentaron las muertes en instituciones carcelarias en un 18,8 por ciento con un total de 133. En 2009 habían sido 117 las muertes. Este año hubo 16 más.

“Los hechos de represión pasaron de 1.552 en 2009 a 1765 en 2010. Paradójicamente, las peleas entre detenidos descendieron de 3.633 a 3.570 hechos. Ante menos hechos de violencia se utilizó más represión”, citó.

Durante la presentación, el juez federal Daniel Rafecas reveló que durante todo 2008 “hubo una sola condena en todo el país tipificada como ´torturas´ cuando hubo miles de presentaciones”. Pero también dijo que de todas las causas abiertas e investigadas, tres cuartas partes son contra un único bien jurídico: la propiedad. Mientras que “hay una naturalizada invisibilización de los delitos contra la dignidad, contra la libertad”.

En el capítulo referido a políticas de seguridad, el informe puso los ojos en la justificación oficial de las detenciones. “El 88,4 por ciento de las actas analizadas no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención. En la mayoría de los casos las actas constan de cuatro líneas en las que sólo se consignan los datos de la persona detenida. En el 13,8 por ciento se utiliza la expresión no pudiendo justificar su presencia en el lugar y en muchas de ellas se agrega responden con evasivas”. Y puntualmente se esgrimen razones como actitud sospechosa, merodeo o nerviosismo. En el 35 por ciento de los casos no figura la hora de detención y en el 93,2 por ciento no consta el horario en que recuperó la libertad. Que no es detalle menor: no se puede ejercer el más mínimo control sobre la cantidad de horas que duró la privación de la libertad que la ley ubica en un máximo de 12 horas.

En materia de infancia, el informe dejó al desnudo que el 69 por ciento de los jóvenes alojados en centros cerrados y de recepción, fue golpeado durante su detención; que el 93 por ciento estuvo encerrado en una comisaría y el 22 por ciento, en celdas junto a mayores de edad. Que “el 32 por ciento permaneció detenido por más de 12 horas, llegando en algunos casos a 48 horas. Dentro de la comisaría, el 61 por ciento volvió a recibir golpes y vejaciones”.

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“José María tenía 21 años. Fue detenido ilegalmente por agentes estatales. Fue golpeado por agentes estatales. Después de un mes, luego fue trasladado a un segundo centro de detención y finalmente, subido a un vehículo en Canalejas al 400. Fue objeto de una balacera infernal. En su cuerpo recibió 30 impactos de bala. Escribieron que tenía un arma de fuego en una mano y una granada en la otra”, relató Rafecas desde el escenario en el Pasaje Dardo Rocha.

La historia de José María es una entre miles. Relato en tiempo presente que remite a nombres como los de Franco Almirón, Mauricio Arce, Lucas Rotella, Walter Bulacio, Rubén Carballo o al maestro Fuentealba. Sólo que el juez se sube al túnel del tiempo y aclara: José María era Salgado, asesinado en 1977 durante el terrorismo de Estado y en el acta constó “peligroso delincuente subversivo”.

“Cuando uno se sumerge en las prácticas de los represores advierte que siguen vigentes. La lógica del enemigo aplicada sin barreras ni reservas es la que subyace en la cultura autoritaria. La lógica bélica sigue en pie. La tremenda gravedad y trascendencia de estos hechos se debe a la continuidad de las peores doctrinas de la seguridad que se basan en la lógica bélica de destrucción del enemigo”.

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En la primera fila presenciaron cada una de las denuncias los máximos exponentes de la Justicia de la provincia. Uno junto al otro, Eduardo Pettigiani, presidente de la Suprema Corte; Hilda Kogan, ministra y hasta abril, la presidenta del organismo; María del Carmen Falbo, Procuradora General de la Corte.

El ex fiscal Hugo Cañón, en nombre de la Comisión por la Memoria, concluía la presentación diciendo que “la sociedad acepta vivir sin indignarse ante las prácticas cotidianas del exterminio en manos del aparato de poder. No podemos dormir con nuestra cabeza tranquila si esto sigue ocurriendo”.

Las primeras palabras de Falbo –en corta entrevista con APe- fueron: “Yo no tengo nada que analizar. La gente trabaja en sus áreas. Algunos lo hacen bien. Otros, no tanto. Y hay que ejercer el trabajo y la responsabilidad que cada uno tiene en el lugar que ocupa”. Esa frase escueta y de tono incómodo fue la conclusión de la Procuradora ante las denuncias que incluían la negación oficial a la existencia de probadas torturas, ante el cajoneo de causas judiciales, ante las muertes multiplicadas por el Estado, ante los fáciles gatillos, ante la sistemática y cruel violencia institucional hacia los pibes y los adultos de todo margen.

Violencias que se desgranan en un informe en el que –en palabras del defensor oficial Gabriel Ganón- se deja sentado que “la Procuración General ha decidido elaborar unos registros que codifican, naturalizan y ocultan conductas delictivas. Es el propio sistema estadístico de la Procuración el que se convierte en puente de silencio sobre la tortura y la muerte (...). El uso de ciertas palabras y el no uso de otras sostienen en el imaginario social la existencia de una categoría de personas que, por haber perdido la libertad, han dejado de serlo”.

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El sistema de poder sigue haciendo eje en la represión que sostiene y reproduce como vínculo cultural ineludible para la continuidad entre terrorismo estatal y régimen democrático. Esa lógica del enemigo de la que hablaba Rafecas construye el objeto de su lucha bélica que tiene hoy una estética y estereotipos muy claros. La negritud en la piel, la juventud que revela sus rebeldías, las gentes de los márgenes, los indignados de la inequidad añeja y cotidiana, los que asoman la cabeza y las manos para decir mil veces basta.

Esta comarca limita con la sangre y la abundancia, diría el ecuatoriano Adoum. La historia se sigue repitiendo y pariendo distintos nombres para las mismas muertes. Gestando nuevas banderas y pancartas de más y más pibes arrojados a las hogueras de un sistema que no perdona. Que muerde los tobillos de las indignaciones. Que escupe odios sobre las vulnerabilidades. Que desnuda más y más crueldades ante los ojos solícitos y complacientes de quienes cada noche y cada mediodía despliegan sábana y mantel.

Edición: 2032