Colaboración de Gabriel Martínez (*)

(APe).- A fines de noviembre del año anterior el Congreso Nacional aprobó una ley denominada Tarifario específico para entidades de bien público. Esta ley crea la categoría tarifaria “entidad de bien público”.

Una categoría a aplicar, según indica, "a las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro sujetos de este régimen en relación con el precio que las mismas pagan por los servicios públicos”.

Además, explica que "este tratamiento particular obedece a la naturaleza específica de estas personas jurídicas que no persiguen fines de lucro y tienen por principal objeto el bien común".

Estas entidades, antes de las privatizaciones, estaban eximidas del pago del servicio. Hoy (aquella ley todavía no ha sido reglamentada para su aplicación) son consideradas entidades comerciales y los aumentos de tarifas (en electricidad, por ejemplo), constituyen un serio escollo económico para el desarrollo de sus fines sociales.
La pelea por la reglamentación y puesta en vigencia de la ley requerirá seguramente de nuevos esfuerzos organizativos y políticos y cuando tengan éxito, se habrá coronado un pequeño triunfo sobre el modelo privatizado que lucra con el ahorro y el esfuerzo del pueblo.
Los derechos perdidos necesitan estrategias de recuperación.
¿Es necesaria una ley específica para atenuar el impacto económico que producen las tarifas eléctricas en las actividades de entidades sin fines de lucro? Y ¿qué sucede con el 30% de pobres, con el 40% de trabajadores en negro, con los millones de jubilados que ganan menos que un salario Mínimo Vital y Movil? Además ¿qué sucederá con los desocupados que son sostenidos por los planes sociales?
El siglo XXI no se concibe sin electricidad, agua corriente, gas natural y cloacas. Una vida digna, tiene que tener garantizados estos servicios.
Algunos recibirán la limosna de una Tarifa Social que no descuentan los empresarios de sus ganancias; por el contrario, será pagada con el aporte de los mismos necesitados y del resto de la comunidad que, además, soportará el aumento de tarifas para garantizar la ganancia de los prestadores privados.
El aumento de las tarifas de generación eléctrica y de distribución, que llegan impresas en las facturas domiciliarias, se produce en un sistema privatizado y absurdo que dividió a los servicios públicos en unidades de negocios llamadas generación, transporte y distribución, para que ganen dinero innecesarios accionistas y empresas privadas más innecesarias todavía, encareciendo innecesariamente el servicio y provocando situaciones de cortes y retiros de medidores, que no se producían cuando todos los servicios eran estatales.
Esta política privatizadora le quitó al Estado la posibilidad de la planificación sobre el servicio; a los usuarios, ahora llamados clientes, el derecho al servicio y además al servicio mismo lo convirtió en mercancía.
Todo a partir de la enorme renta que producen los servicios públicos y los recursos naturales, que también están privatizados a favor de empresas extrajeras.
El derecho a los servicios públicos es un tema que no pasa por las tarifas.
Pasa por vivir en una sociedad más justa e igualitaria y por evitar que se profundicen las desigualdades a tal punto que no se garantiza para el conjunto de la sociedad la provisión de electricidad, agua, gas y cloacas, en cantidad abundante y barata.
Recuperar los servicios públicos para satisfacer las necesidades básicas del pueblo, es tan necesario como lo son la educación y la salud públicas y requiere de una alianza social, donde usuarios, trabajadores y organizaciones sociales elaboren una estrategia común destinada a desbaratar la lógica del comercio sobre los bienes sociales inaugurada a principios de 1990 y sostenida y perfeccionada por los distintos gobiernos nacionales y provinciales hasta la actualidad.

(*) Secretario de Organización de Fetera.