Por Carlos del Frade

(APe).- Franco Ezequiel Casco tenía veinte años, era de Florencio Varela y fue a divertirse a Rosario el 6 de octubre de 2014. Lo metieron preso en la comisaría séptima, muy cerca de la terminal de ómnibus de la ex ciudad obrera y veintidós días después apareció flotando en las aguas marrones del Paraná. Lo habían torturado y lo mataron. Lo secuestraron y lo quisieron desaparecer. Durante meses, Elsa Godoy, mamá de Franco, pidió que el caso pasara a la justicia federal porque entendía que se trataba de una desaparición forzada. Le negaron la justicia durante mucho tiempo hasta que se murió.

Casi tres años después, el lunes 4 de septiembre de 2017, fueron detenidos una treintena de policías en el marco de la causa por el asesinato de Franco. Entre ellos, fue citado a indagatoria el director de Asuntos Internos y cinco policías de esta área.
Las detenciones involucran al jefe de la seccional de Cafferata al 300 y al personal de guardia de la comisaría. También hay cinco empleados de la Dirección de Asuntos Internos con pedido de indagatoria. Tres de ellos se presentaron por sus propios medios al Juzgado, mientras que los otros dos fueron llevados por personal de Gendarmería Nacional, que los interceptó cuando salían ayer por la mañana de sus domicilios.

En cuanto al jefe de Asuntos Internos, Aníbal Candia, se encuentra detenido pero de modo provisorio, sólo a los fines de la indagatoria. Los miembros de Asuntos Internos involucrados en la causa habían hecho una presentación ante el juez para ponerse a disposición la semana pasada, preocupados por una posible detención.

Según los funcionarios de Asuntos Internos, en el caso Franco Casco ellos actuaron "siempre con arreglo a los requerimientos del primer fiscal del caso, Guillermo Apanowicz, del Ministerio Público de la Acusación.

-Franco tenía 20 años, era peón de albañil e hincha de River. Tenía un hijo pequeño y sueños como cualquier pibe - recordó días atrás Ramón Casco, padre del joven fallecido, cuando frente a los Tribunales Federales pidió junto a la Multisectorial Justicia por Franco Casco y contra la Violencia Institucional pidieron que se indague a 31 policías y 5 civiles por desaparición forzada de persona y encubrimiento agravado.

El caso de Franco Casco exhibe la fragilidad de la democracia.

En esa comisaría séptima, en el año 2002, los principales oficiales fraguaban los documentos de chiquitas paraguayas de catorce y quince años que eran explotadas sexualmente en la zona de la terminal de colectivos o la estación de trenes Rosario Norte para que aparecieran como mayores de edad que ejercían la prostitución por deseo personal.

Las denuncias de entonces fueron a parar a Asuntos Internos. Por algunos meses, esos oficiales fueron suspendidos pero luego aparecieron ejerciendo labores en otros destinos y hasta fueron ascendidos.

De tal forma, las policías provinciales, entre ellas La Santafesina SA, tienen más compromiso con las formas brutales de sometimiento hacia la pibada pobre que respeto por las leyes y el principio general de darle seguridad al pueblo y no solamente a los sectores acomodados.

Decenas y decenas de comisarios denunciados por enriquecimiento ilícito y muchos más por apremios ilegales, demuestran que la repartición titulada “Asuntos Internos” es, en realidad, “asuntos cerrados”. Que la policía de la policía es, en definitiva, una agencia estatal de encubrimiento.

Matar un pibe pobre es la continuidad de la matriz de aquello que se asomaba como discurso en los años ochenta, cuando se hablaba de “mutantes”, como si no fueran seres humanos.

Franco Casco, de solamente veinte años, es la expresión individual de un poder mafioso, armado y estatal que no solamente está presente en la provincia de Santa Fe sino en todos los grandes estados de la Argentina.

Los abogados de la familia tienen pruebas que hasta las huellas del cuerpo ultrajado responden a otra persona, que ni siquiera cumplieron con ese mínimo detalle de sinceridad para la familia humilde estragada por el dolor del pibe que ya no iba a sonreir más.

El poder político santafesino, como suele suceder, no sabe qué decir frente a la realidad de la brutalidad autónoma de su fuerza armada.
Mientras tanto, Franco Casco, ya forma parte de la historia política de una democracia que, hasta la fecha, todavía no logró ingresar en la vida cotidiana de las fuerzas de seguridad de las provincias argentinas.

Fuentes: Diario “La Capital”, lunes 4 de septiembre de 2017 – “Santa Fe. Una provincia robada”, del autor de esta nota.

Edición: 3430

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