Por Carlos del Frade

(APe).- -Tire primero, pregunte después…

Así era la consigna de la policía rosarina durante la noche carnívora del terrorismo de estado entre 1976 y 1983.

La impuso un cuadro de la represión, Agustín Feced, a quien la ex presidenta María Estela Martínez de Perón le llegó a ofrecer la conducción de la Triple A y que rechazó porque no aceptaron su condición que se televisara por Canal 7.

Feced le dijo al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en septiembre de 1986, que él hizo lo mismo que el coronel Varela en la Patagonia.

Desaparecer y fusilar trabajadores a pedido de los dueños de casi todo.

Como había sucedido desde el 6 de septiembre de 1930, primer golpe de estado en Argentina, hasta el 24 de marzo de 1976, las dictaduras aplicaron la llamada ley de fuga. Es decir, el armazón jurídico que Feced sintetizó con “tire primero, pregunte después”.

En el reciente anexo de la resolución 956 del gobierno nacional del ingeniero Mauricio Macri, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, se repite la idea de la ley de fuga.

Las fuerzas federales de seguridad podrán tirar a matar “en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves; para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas; para proceder a la detención de quien represente ese peligro
inminente y oponga resistencia a la autoridad” y “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”. El concepto de la ley de fugas de todas las dictaduras en Argentina. El tire primero, pregunte después.

Y más allá de las discusiones, el principio filosófico de la supuesta “mano justa” de la que habla el ministro de Justicia, Germán Garavano, está en el artículo primero de la resolución: “Los funcionarios de las FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión, en cumplimiento y en protección de la dignidad humana y los derechos humanos de todas las personas. Sólo podrán usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.

Es llamativo el uso del concepto de la “protección de la dignidad humana”.

Porque esta resolución toma estado público en la misma semana que UNICEF Argentina acaba de publicar su informe en relación a las niñas, niños y adolescentes en estos atribulados arrabales del mundo.

En este lugar cósmico donde generaciones enteras creían en que las niñas, los niños y los adolescentes eran los únicos privilegiados.

“El análisis de privaciones no monetarias toma en cuenta distintas dimensiones que vulneran los derechos en la infancia y adolescencia y determinan situaciones de pobreza: educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y un hábitat seguro. Los datos revelan que la pobreza entre las personas menores de 18 años alcanza un valor de 48% y se sitúa 10 puntos por encima de la población en general (38%): esto es 6,3 millones de niñas y niños que ven vulnerado el ejercicio efectivo de sus derechos”, remarca la investigación.

6,3 millones de niñas y niños con sus derechos vulnerados.

No hay ningún privilegio en ser niña y niño en la Argentina.

La protección de la dignidad humana en el descenso.

-La pobreza tiene cara de niño y de niña - afirmó Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social de UNICEF Argentina.

En estos mismos días autorizar el gatillo fácil, de legalizarlo en nombre de la dignidad humana, casi la mitad de las pibas y los pibes argentinos viven en la pobreza.

Mucha gente saluda la resolución 956, su protocolo, la “mano justa” y el tire primero, pregunte después.

Antes de inventar su muerte, Feced dejó otra enseñanza a los policías rosarinos. Les habló de los mutantes. Seres que parecían humanos pero que no lo eran y que, por lo tanto, debían morir.

Con los años, “mutantes” pasaron a ser las pibas y los pibes de los barrios empobrecidos.

Esos números que hoy aparecen en el informe de la UNICEF.

Esas caras que, posiblemente, asomen en las fotografías de las víctimas de la resolución 956 que, en nombre de la dignidad humana, serán fusiladas por la espalda.

Las caras de los “mutantes”, las espaldas baleadas de los “mutantes”.

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