Por Claudia Rafael

(APe).- ¿Qué hacía el policía santafesino Francisco Aldo Olivares, durante una custodia irregular a un camión de gaseosas, con su 9 milímetros reglamentaria en un bolsillo? Fue el martes 29 de octubre, entre las 10.30 y las 11 de una mañana tranquila en Ignacio Risso al 2200 de la ciudad de Santa Fe cuando ejecutó por la espalda y a unos 30 metros de distancia a Lautaro Saucedo, de 17 años. ¿Basta para resucitar a un pibe y sanear a toda una institución declarar como hizo que “no fue mi intención, estoy muy apenado de lo que pasó. Quise proceder como personal policial, estoy profundamente mal por lo ocurrido, no era lo que yo quería. A los familiares les pido perdón, es algo irreparable”?

Exactamente un día antes, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, había planteado con firmeza que “tenemos la determinación de tener la mejor policía de la República Argentina y lo estamos logrando”. Fue, en Rosario, mientras se entregaban los diplomas a 240 policías recién egresados del Instituto de Seguridad Pública. Lo que ocurrió 24 horas más tarde desmiente de plano el rol institucional de la fuerza de seguridad.

Entremezclar las dos escenas ofrece una radiografía atroz. El poder político que abre loas y promete la mejor policía del país mientras uno de sus integrantes, de cargo jerárquico, que hace unas changuitas fuera de horario con su arma reglamentaria, asesina a un pibe por la espalda.

Hace un año, la misma policía le negaba a Olivares el ascenso de inspector a subcomisario porque cargaba con dos sumarios administrativos, 20 días de suspensión y algunos antecedentes que lo ligaban a hechos violentos en su rol oficial. Las históricas calesitas policiales, los sumarios que luego quedan en la desmemoria, la formación y el rol represivo fogoneado por los poderes políticos que aplauden discursivamente las muertes por gatillo fácil confluyeron para que Olivares se sintiera habilitado para fusilar a un adolescente.

La escena tuvo como protagonistas a Lautaro, una mujer de algo más de 70 años y al policía Olivares. Hay registros fílmicos que revelaron la situación y que fueron incorporados a la causa que los fiscales Martín Torres y Ezequiel Hernández calificaron como “homicidio calificado por el uso de arma de fuego, agravado por alevosía y por haber abusado de su función como miembro integrante de una fuerza de seguridad”.

Hay infinitos interrogantes. Algunos tienen respuesta en los mismos videos: Una mujer camina por la vereda y lleva una bolsa de papel en su mano izquierda. Desde atrás llega Lautaro corriendo, con un buzo canguro que le cubría la cabeza, una mochila en su espalda e intenta quitarle la bolsa. Primero tironean y se ve cómo la mujer le habla, lo increpa y Lautaro, probablemente asustado, da media vuelta para irse. El pibe no estaba armado. La mujer lo llama y él regresa. Ella le da algo que extrae de la bolsa. Probablemente algunos billetes. El escapa corriendo. A unos cincuenta metros, más adelante, se ve cómo desde un camión de gaseosas descargan mercadería. Casi distraído, con remera blanca, campera y gorra roja con la sigla de Coca Cola mira la situación un hombre que está saliendo del supermercado. El hombre se empieza a acercar, primero lentamente. Se ve cómo saca el arma de un bolsillo mientras sigue caminando, apunta, sostiene con las dos manos el revólver y dispara en la espalda del pibe que huía. El disparo fue certero. No hubo error alguno. Impactó en la columna de Lautaro, que murió más tarde en el Hospital Cullen.

El padre de Lautaro es policía como Olivares. Y en declaraciones a la prensa dijo que cuando el asesino de su hijo “llama al 911 habla de un enfrentamiento, y en sus dos llamados nunca informó que había una persona herida de arma de fuego”.

Desde el riñón de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, hubo voces que plantearon a APe que hay jefes policiales que ya están intentando mover las piezas del puzzle investigativo para que la historia quede en el olvido. La misma Secretaría lanzó un comunicado público en el que directamente ubica el crimen de Lautaro como un caso de “gatillo fácil”. Un comunicado fuerte, proviniendo del poder estatal. Otra pata de la estructura institucional ofreció por estos días ante la Legislatura provincial un informe que desnuda que se registraron en todo el territorio de la provincia de Santa Fe en el período 2014-2018, 77 víctimas de homicidios cuyos victimarios fueron miembros de fuerzas de seguridad.

Qué llevó a Lautaro, con sus 17 años, a intentar robar unos pesos a una mujer mayor no puede ser el centro de la crónica como buscan instalar muchas voces oficiales y mediáticas. Hay miles de razones para eso. Individuales, sociales, económicas o un abanico múltiple de muchas otras. El gran tema de discusión es cómo actúa el Estado. Desde una policía fogoneada por el viejo hábito de corromper y eliminar. Desde una policía que dispara a matar por la espalda. Desde una estructura institucional que decide quién vive y quién muere en un solo instante. Francisco Olivares puede ser reubicado, puede ser condenado, puede ir o no a la cárcel, puede ser exonerado. Pero –tal como define Foucault, el rasgo distintivo del poder consiste en que determinados hombres pueden decidir más o menos totalmente sobre la conducta de otros hombres. En este caso, el Estado armó convenientemente a Olivares y le dio licencia para matar.

Lautaro, tenía 17 años. Apenas 17 años.

Edición: 3977

 

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