Por Carlos Del Frade

(APe).- El 21 de enero de 2016, la presidenta en ejercicio del Poder Ejecutivo de la Argentina, Gabriela Michetti, firmaba el decreto de necesidad y urgencia 228 que declaraba la emergencia nacional en seguridad. Por eso no es casualidad que a casi un año, el gobierno nacional impulse la hipócrita, cínica e inútil medida de castigar a las chicas y los chicos entre catorce y dieciséis años como si fueran los causantes de los males argentinos.

Entre sus fundamentos el decreto sostenía que “son los sectores más vulnerables del pueblo argentino en quienes impacta de lleno la inseguridad social y la espiral creciente del delito, por lo que resulta imperioso que el Estado Nacional haga valer el poder de policía de seguridad del que lo inviste la Constitución Nacional”.

Agregaba que “la droga arruina la vida de familias enteras y no podemos resignarnos ni aceptar esta realidad como algo natural. Que la problemática del narcotráfico no sólo afecta a la salud y la seguridad ciudadana, sino que importa una violación a la soberanía nacional en tanto se trata de un crimen cuya naturaleza es claramente transnacional. Que tales circunstancias ameritan adoptar las medidas que permitan extremar el uso de los recursos del Estado Nacional en orden a enfrentar los flagelos señalados”, decían algunos de sus principios rectores.

En el artículo 12, según publicó el Boletín Oficial de la República Argentina, apuntaba a la intervención de fuerzas federales en los territorios provinciales.

“Actuación conjunta de las jurisdicciones locales y federal. Los Gobernadores de Provincia, en su carácter de agentes naturales del Gobierno Federal, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y de las medidas tomadas en el Consejo de Seguridad Interior, facilitarán y prestarán, coordinadamente con las fuerzas policiales y de seguridad federales, todo el apoyo y logística que se les solicite en sus respectivas jurisdicciones a los efectos del cumplimiento y éxito de las operaciones que se emprendan en la lucha contra el delito complejo y el crimen organizado.

“Las Provincias y el Gobierno de la Ciudad enviarán sus respectivas estadísticas criminales actualizadas al Ministerio de Seguridad, mientras que aquella información relativa a denuncias, investigaciones y hechos flagrantes vinculados al tráfico de estupefacientes, lo harán al Registro Unico de Análisis de Narcotráfico (RUAN) creado por la Resolución del ex Ministerio del Interior N° 788/07”, decía el texto.

El decreto 228, entonces, fue la llave legal que le permitió y permitirá al gobierno nacional actuar en las jurisdicciones donde más se perciba el mayor impacto de la inseguridad, en “los sectores más vulnerables”.

Más que seguridad, parece ser una reglamentación del control social.

Por eso no es casualidad que a casi un año de aquel decreto, el gobierno nacional impulse la hipócrita, cínica e inútil medida de castigar a las chicas y los chicos entre catorce y dieciséis años como si fueran los causantes de los males argentinos.

Dice Martín Granovsky que “la sociedad no puede mejorar bajando la edad por el simple hecho de que los delitos graves cometidos por la franja de entre 16 y 14 años no pasan del cinco por ciento del total. En cuanto a los más graves, los asesinatos, no superan el 2 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires y el 4 por ciento en La Plata y el Conurbano bonaerense. Con el agregado de que esos homicidios y los cometidos por todas las franjas etarias solo en un 14 por ciento se realizan en medio de un robo. Lo revelan estudios de la Corte Suprema hechos hasta 2012 en el Instituto de Investigaciones dirigido por Matías Bailone”, apunta el periodista.

Pero la suerte del sujeto a controlar ya estuvo echada a partir de aquel decreto 228, versión argentina del Plan Colombia, cuyos resultados fueron miles de pibas y pibes muertos y desaparecidos y afianzamiento del negocio narco a partir de bandas criminales que, por decenas, reemplazaron a los dos carteles que alcanzaron dimensiones casi mitológicas como el Medellín y Cali.

La idea es el control social, poner la lupa y la represión contra la pibada menor de treinta años con la excusa de combatir los “peligros colectivos” como se dice en el texto del decreto 228.

Cada vez es más claro el mensaje del gobierno, bajo el pretexto de luchar contra la inseguridad, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales con el futuro aporte de las fuerzas armadas, mostrarán que las causas de todos los males son los saqueados de siempre, los empobrecidos de la Argentina en cuyo trono de la vida cotidiana se puede ver a la innoble desigualdad.

Por eso quieren bajar la edad de imputabilidad, porque creen en la filosofía política del decreto 228, en lo que generó el Plan Colombia en 2002, es decir, la lógica del imperio que ya no admite nunca más el surgimiento de generaciones revolucionarias como en los años sesenta y setenta.

 

Edición: 3311

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