Por Claudia Rafael

(APe).- “¿Por qué no lo llamás al perro y le decís que venga a emprolijar esta cagada si quiere?”, se escucha en el audio de la charla entre dos comisarios tras el crimen de Lucas González. Emprolijar una escena que dejaba expuesta a la policía y plantar un arma de juguete en el auto para justificar lo injustificable. En otra charla, más amplia y ya no sólo de audio, se escucha al ex ministro provincial de Trabajo diciendo en 2017 –palabras más, palabras menos- que como no cuenta con una gestapo contra las organizaciones gremiales debe arreglar con la Procuración, las fiscalías y los jueces.

Causas armadas para exculpar a los verdaderos culpables, causas armadas para entrampar a pibes a los que la vida les amasó infinitas ausencias, causas armadas para el control de territorios, causas armadas para una puja por intereses económicos o políticos. Causas armadas para imponerse en una pulseada de poder contra quien sea, incluyendo a popes de la violencia sindical como el Pata Medina, habituado a las formas más brutales de someter a los mismos trabajadores desde su propio imperio.

A veces, el arma no es de juguete, como la que la policía metropolitana plantó en el auto en el que fue asesinado Lucas. Demasiadas veces el arma es de verdad. De las que cesan la vida en un instante. Como la que atravesó a Luciano Olivero en Miramar. Al que le quisieron “emprolijar” la escena sin que se viera la herida para que parezca un accidente de tránsito. Más allá en el tiempo, cuatro años atrás, las piezas del puzzle fueron acomodadas para encontrar al culpable del femicidio de Anahí Benítez, en Lomas de Zamora. El horror hacía que la presión social y mediática clamara la necesidad de encontrar un culpable. Rápidamente se lo encontró. Y hace escasas horas, el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló el fallo que, en una causa armada, condenó a perpetua a Marcos Bazán –preso desde hace cuatro años- y ordenó un nuevo juicio oral.

“Estas prácticas de ´armado de causas´ responden a distintos objetivos: desde obtener ganancias económicas a través de la extorsión hasta borrar las huellas de un accionar violento e ilegal. Muchas causas son armadas para hacer recaer responsabilidades penales sobre personas inocentes, garantizando así la impunidad de los verdaderos responsables de delitos”, define el CELS.

Angel Bramajo fue detenido en 2019 tras la balacera policial que asesinó a Diego Cagliero, un músico barrial. El oficial bonaerense Rodrigo Cansttat era quien había disparado en medio de una emboscada policial pero urgía un chivo expiatorio que salvara a los uniformados. Y ese chivo expiatorio fue el amigo de Cagliero, que manejaba la camioneta en la que viajaban en Tres de Febrero.

“Hemos chequeado con la Procuración, con el juez, con la fiscalía que eso va a funcionar”, decía el entonces ministro Marcelo Villegas (ahora imputado por la justicia) en la reunión con empresarios, funcionarios provinciales y el intendente de La Plata. Y era muy enfático cuando afirmaba: “Creéme que si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. Una policía, como la del nazismo, capaz de secuestrar, asesinar o enviar a campos de concentración con la más absoluta libertad.

La fuerza de un ministro reconociendo que hay ocasiones en las que es necesario fraguar causas judiciales refleja apenas un costado de una práctica sistémica de larga data que nunca o casi nunca queda expuesta en titulares mediáticos. La mayor parte de las veces se cocina en silencio y determina para siempre los destinos de quienes caen en las garras de armadores policiales o judiciales. De los anónimos que se ven sometidos a torturas, encierros, condenas. De los nadies arrojados a un vacío eterno para amparar la impunidad de los culpables. De los ningunos, que cargan con el sino cruel que les asestaron sobre la frente. Esos anónimos a los que los poderes de turno jamás les emprolijan el destino.

Edición: 4042

 

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