Muerte de una nena wichí

Por Silvana Melo
   (APe).- Hacía una semana que estaba en Tartagal, lejos de su comunidad y de los espíritus del monte talado. En una cama de hospital agonizaba, a los trece años, después de la muerte de su bebé en la panza. Por una cesárea urgente o por la caída de una camilla. Nadie se pone de acuerdo en las razones del final de una vida minúscula, semillita creciendo en una semilla que apenas llega a ser fruto. Ella se fue el martes. Con una crisis hipertensiva, muerte cerebral, sin controles en su embarazo, sin ESI, con el abuso como marca en la historia de su etnia wichí. Parte de una infancia condenada que muere de hambre, de sed, de covid, de abandono y de despojo.

Las comunidades originarias son mojoncitos fuera del sistema en el Chaco salteño. Grupos de mujeres, hombres y niños con historias milenarias barridos a la frontera de la vida. Saqueados de su hábitat, de sus mariposas, de sus árboles y de sus ríos.

La nena wichí llegó desde la comunidad Pacará al Hospital de Tartagal con un embarazo avanzado, sin controles, hipertensa. Pequeña y frágil, con un cuerpo aún no formado para maternar. Y fue puesta a hacerlo, sin otras alternativas. Su vientre creció y ella no supo por qué hasta que la pugna por salir al mundo le desconcertó sus propios signos vitales. Y ella quedó inerte en el Hospital, con un coma farmacológico y su niño muerto.

Ella, en la provincia que tardó años en poner la Educación Sexual Integral (ESI) a mano de las niñas, ella, en la provincia que puso la ESI a cargo de las profes de religión, ella, en la provincia que no practicó ESI en pandemia, murió el martes arrasada por un embarazo que nadie previó, que nadie controló, que nadie evitó. A los trece años.

En las comunidades wichís, en brutal abandono, las niñas y los niños se mueren en los veranos por deshidratación. Porque no hay agua buena para que beban. Se mueren por mala nutrición, porque no quedan nutrientes en sus tierritas yermas. Se mueren por covid, por la variante Delta que llega desde los países vecinos sin controles sanitarios y les pasan por sus casillas, por sus hogares confinados, con destino a Orán y Tartagal.

Dice SaltaNoticiasInfo: “Para el personal del hospital Juan D. Perón de la ciudad de Tartagal, la nena convulsionó en la cama cuando fue internada, cayó y esto provocó que el bebé falleciera. Esta repentina reacción de la niña podría haberse presentado como parte del denominado síndrome de Hellp. Cuadro clínico que se manifiesta en la última semana de la gestación y que puede deberse a muchos factores como la diabetes, entre otros. Provoca una suba en la presión arterial que afecta a la madre y al bebé”.

Las niñas abusadas en las comunidades originarias tienen un precario acceso a la salud, puertas cerradas de la justicia (no hablan su lengua, desconocen sus particularidades culturales y juzgan sus diferencias), carecen de herramientas de prevención y la Interrupción Legal del Embarazo es una quimera. El estado opta por una presencia indiferente. Una decisión de desamparo explícito. Un dictamen de extinción para las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del origen.

Durante el año más cerrado de pandemia, 122 niñas y adolescentes de menos de 15 años cursaron embarazos en Salta. Vulnerables y expuestas a una vida despojada de amparo. Sin defensa. Inermes.

A 40 kilómetros de Pacará se murió ella. Que esperó hasta que le dieron el cajoncito para velarla. En el Hospital de Tartagal “sólo hay una profesional que no es objetora de conciencia frente a la ley que garantiza la interrupción del embarazo”. Las iglesias evangélicas en la región tienen un influjo opresivo en las comunidades, a partir de la estrategia para hacer sentir la tragedia como una promesa divina. El dios que no es de ellos como arma de resignación.

El presidente de la comunidad wichí de Pacará relató a Salta /12 que el único puesto sanitario tiene sólo un enfermero y queda cerrado cuando se va. Esta ausencia y cierre no sólo deja la salud a la buena de vaya a saber qué dioses sino que también incomunica a la comunidad: “la radio con la que cuentan para solicitar ayuda a un centro médico de mayor complejidad está dentro del inmueble del puesto sanitario. Y en esa zona no hay conectividad digital ni telefonía”. No hay ambulancias y los caminos de ingreso son prácticamente intransitables.

Las historias de las niñas vulneradas en el Noroeste Argentino –atravesado por la pobreza, la desigualdad y el mandato religioso- se cuentan de a decenas. Aunque sólo unas pocas saltaron alguna vez a las agendas de los medios.

En junio de 2016 una chiquita wichí de 12 años fue sometida a cesárea en el curso de un embarazo de 34 semanas. El bebé murió a los pocos minutos de nacer. Ella era víctima de una violación múltiple en el norte salteño.

En noviembre 2018 una niña wichí de 13 de años y desnutrida murió en la terapia intensiva del Hospital Perrando del Chaco. Un día antes había muerto su bebé, nacido apenas con un kilo de peso. Ella sufrió una falla multiorgánica: anemia, desnutrición crónica, neumonía. Era una nena. Obligada a ser madre.

En enero de 2019, la bebé que fue dada a luz en Jujuy a través de una cesárea practicada a una niña de 12 años que había sido violada murió, a cuatro días de haber nacido. Tenía 24 semanas y media de gestación. La cesárea la ordenó el gobernador, que ya tenía una familia para que la adoptara. A la nena no le fue permitido abortar.

En septiembre de 2020 le hicieron una cesárea a una niña de 10 años, de Corrientes, que fue abusada sexualmente por la pareja de su madre y llevaba adelante una gestación forzada. Una iglesia evangélica le organizó un “baby shower” –así, en inglés-, una celebración para darle la bienvenida al bebé en camino y agasajarlo con regalos.
Era una nena. De diez años.

La decisión estatal ante el desamparo de las infancias es un camino elegido. Las tragedias que se suman en los cuerpecitos frágiles son una condena explícita. El hambre, la deshidratación, las enfermedades evitables, el abuso, las bacterias y los virus golpean como piedras en el cristalito de la niñez.

La nena wichí de Pacará tenía 13 años. Y era un cristal que se partió en mil pedazos.

Edición: 4373