Por Raúl Zibechi

(APe).- A pesar de la violencia y la búsqueda de disciplinamiento contra el pueblo mapuche –común a los sectores populares- los pueblos originarios tienen un horizonte de siglos.

Dos muertos por represión policial/militar en el sur de Argentina.

Cientos de heridos y detenidos. Todo un pueblo perseguido y una amplia región militarizada.

Tres meses después de la desaparición de Santiago Maldonado, el 1 de agosto, y mientras se realizaba el velatorio de su cuerpo que, según las autoridades, fue encontrado sumergido en un río, sobrevino el asesinato de Rafael Nahuel por una bala 9 milímetros disparada por la espalda. Más de 300 policías, helicópteros y drones, contra un puñado de mapuche “violentos” que, sin embargo, no portan armas.

La policía entró disparando fuego real en una comunidad que había recuperado tierras meses atrás. Los varones escaparon cerro arriba. Los uniformados se llevaron mujeres y niños, los golpearon y mantuvieron aislados durante horas.

La criminalización de las comunidades mapuche tiene una sola y única explicación: están recuperando tierras. El pueblo mapuche controlaba sus territorios hasta fines del siglo XIX, apenas cien años atrás. Desde que fueron despojados (Pacificación de la Araucanía en Chile y Campaña del Desierto en Argentina), la vida de las familias mapuche se trasmutó en marginalidad, pobreza, desempleo y discriminación. Rafael Nahuel vivía en los “altos” de Bariloche, donde llegó su familia desde el campo unos años atrás.

Pero en las tres últimas décadas la vida cotidiana mapuche comenzó a cambiar. Nacieron organizaciones formadas por jóvenes, se re-crearon comunidades, se recuperaron tierras. En los últimos quince años, luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes. Una sola empresa, Benetton, concentra un millón de hectáreas en la Patagonia.

No ha sido un proceso sencillo. “Las comunidades mapuche que fueron más violentamente reprimidas en los últimos meses en Chubut y Río Negro son parte de las mismas familias que históricamente mueren por balas de los policías, de los dealers o de otras bandas barriales en la periferia urbana”, escribe la antropóloga Ana Ramos en la revista Anfibia.

El trasfondo y el contexto que explica la militarización de los territorios mapuche y la criminalización de la recuperación de tierras, se llama extractivismo: en una década y media se pasó de 40 proyectos mineros a 800 proyectos; de 12 millones de hectáreas con soja transgénica se pasó a 22 millones, según el periodista Darío Aranda. No se trata de un modelo productivo, sino de un tipo de sociedad que excluye a la mitad de la población, le expropia las tierras y los recursos naturales a las poblaciones indígenas y a los campesinos.

Un proyecto de acumulación de capital que se redondea con especulación inmobiliaria urbana que expulsa a los más pobres hacia las periferias de las ciudades, donde no tienen estrategias de sobrevivencia y dependen sólo de tres recursos posibles: ayudas estatales, vínculos con el narcotráfico, otras actividades ilegales como el robo en pequeña escala (en gran escala la hacen las multinacionales mineras y sojeras).

Los mapuche son uno de los sectores sociales más afectados por este modelo de acumulación/despojo, aunque no los únicos. En los últimos años, en algunas regiones falta agua porque se sobre-utiliza en la minería y los monocultivos, lo que agrava la situación de las comunidades.

Los grandes medios hacen su labor que cierra el cerco policial/militar. En Argentina acusan a los mapuche de violentos. Los vinculan sin pruebas a las FARC de Colombia, a los grupos kurdos y también a ETA, como hizo el diario Clarín el 22 de enero de este año. El mismo periódico se permitió relacionar a los mapuche con el ISIS y desde el gobierno no dejan de asegurar que se trata de “terroristas”, aunque es evidente que no emplean armas. Ser mapuche es sinónimo de subversivo para el Estado y para buena parte de la sociedad.

Creo que hay tres cuestiones que debemos profundizar para comprender dónde está el conflicto entre el pueblo mapuche y los estados argentino y chileno, y escudriñar los posibles derroteros en el mediano plazo.

La primera es que luego de la derrota de fines del siglo XIX, el pueblo mapuche está de pie, toma la ofensiva en la recuperación de tierras, consiguió involucrar a los jóvenes, diversificar redes de solidaridad en la sociedad blanca y a escala internacional. El pueblo mapuche ha cambiado en las últimas décadas. Buena parte de sus integrantes adquirieron conocimientos propios del mundo blanco, con los que han creado medios de comunicación, esbozan análisis de su historia y de la realidad mucho más sofisticados que los que pudieron hacer en el pasado.

Lo anterior nos indica que la actual ofensiva mapuche por la tierra, la reconstrucción de sus territorios, de la memoria y de sus comunidades, no es coyuntural sino estratégica, durará décadas y está en condiciones de sortear los obstáculos represivos.

La actitud del obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, que muestra una activa solidaridad con las comunidades mapuche reprimidas y comprende sus estrategias, es revelador de ambos hechos. Consultado por los medios, explicó que algún grupo pudo haber impulsado la toma de un territorio, como ocurre con predios del Gran Buenos Aires, “pero de ahí a que se trate de un ejército organizado con armas de grueso calibre, hay una distancia muy grande” (Página 12, 29 de noviembre de 2017).

La segunda cuestión es que el sistema anclado en el extractivismo se comporta como una “guerra contra los pueblos”, como señalan los zapatistas. Las grandes empresas mandan y deciden en la Patagonia (Argentina) y en la Araucanía (Chile), tienen sus propias guardias armadas e imponen su propia ley, que no es más que la fuerza para lubricar ganancias. En la regiones donde impera el extractivismo (minería, hidrocarburos y monocultivos), no existe la legalidad, ni los derechos civiles y humanos. Estamos ante un nuevo colonialismo.

Las empresas compran jueces y gobernadores, y al que no se deja, lo apartan. En diciembre de 2016, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, pidió juicio político para el juez Guido Otranto (enemigo también de los mapuche) por no haber condenado al lonko Facundo Jones Huala, hoy en prisión. “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, dijo Das Neves y llamó a que la población desobedezca al juez (Lavaca, 29 de noviembre de 2017).

La tercera cuestión es que los dispositivos de militarización que se aplican contra los indígenas, son los mismos que afectan a los sectores populares urbanos y, muy en particular, a los jóvenes y las mujeres. Quienes resisten en las ciudades la violencia policial desbocada (denominada gatillo fácil) y los feminicidios, tienen mucho en común con los indígenas ya que sufren las mismas represiones por los mismos motivos.

A pesar de toda la violencia desatada contra un pueblo, las multinacionales y los estados tienen enormes dificultades para disciplinar a los mapuche, porque comparten destino –objetiva y subjetivamente- con todos los sectores populares. La impresión dominante es que los estados pueden ralentizar el proceso de recuperación de tierras, pero no pueden frenarlo ni hacerlo retroceder.

Los inevitables cambios de gobierno juegan a su favor, ya que se abren grietas por las que seguir adelante.

Una ventaja estratégica mapuche que hace la diferencia: mientras la sociedad hegemónica piensa en plazos de cuatro o cinco años (electorales) los mapuche, como los demás pueblos originarios, tienen horizontes de siglos.

Edición: 3502

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